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Necesidad de Pacto de Estado donde esté la Dependencia

Necesidad de Pacto de Estado donde esté la Dependencia

Consultoría sector sociosanitario

La Dependencia se refiere a la situación en la que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

Se trata de un fenómeno que afecta a una parte importante de la población española, especialmente a las personas mayores. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 había en España 4.747.600 personas con algún grado de discapacidad, lo que supone el 10,2% de la población total. De ellas, 1.348.700 tenían una discapacidad severa o muy severa, lo que supone el 2,9% de la población total. Además, según el último informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en 2020 había en España 1.263.853 personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que supone el 2,7% de la población total.

La Dependencia tiene un impacto social y económico considerable, tanto para las personas dependientes como para sus familias y cuidadores, así como para el sistema sanitario y social. Por ello, es necesario garantizar el derecho a la promoción de la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia, tal y como reconoce la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Sin embargo, el desarrollo y aplicación de esta Ley ha sido desigual e insuficiente en las distintas Comunidades Autónomas, debido a factores como la falta de financiación suficiente por parte del Estado, la diversidad de criterios y procedimientos para valorar y atender a las personas dependientes, o la escasez y precariedad de los recursos y servicios disponibles.

Por todo ello, es importante que se impulse un Pacto de Estado que permita abordar los retos actuales y futuros del sistema de atención a la dependencia, garantizando su sostenibilidad, calidad y equidad en todo el territorio nacional.

Aplicaciones del Pacto de Estado por la Dependencia

Un Pacto de Estado por la Dependencia es un acuerdo político y social que busca consensuar las medidas necesarias para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, contando con la participación y el compromiso de todos los actores implicados: Gobierno central, Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales, organizaciones del tercer sector y representantes de las personas dependientes y sus familias.

Un Pacto de Estado por la Dependencia tiene múltiples aplicaciones prácticas para mejorar la situación actual del sistema de atención a la dependencia. A continuación, se presentan algunas de ellas:

  • Aumentar la financiación estatal del sistema: se trata de incrementar la aportación económica del Estado al sistema para garantizar su viabilidad y suficiencia financiera. Actualmente, el Estado solo financia el 21% del coste total del sistema, mientras que las Comunidades Autónomas asumen el 79% restante. Esto supone una gran desigualdad territorial y una insuficiencia presupuestaria que impide cubrir las necesidades de las personas dependientes y de sus cuidadores. Algunas propuestas para aumentar la financiación estatal son: incrementar el nivel mínimo de protección garantizado por el Estado, revisar el reparto de los fondos entre las Comunidades Autónomas según criterios objetivos y transparentes, o crear un impuesto finalista destinado a financiar el sistema.
  • Mejorar la calidad y la equidad de los servicios: se trata de garantizar que las personas dependientes y sus cuidadores reciban una atención adecuada a sus necesidades, preferencias y derechos, independientemente de su lugar de residencia, su nivel de renta o su grado de dependencia. Para ello, es necesario establecer unos criterios comunes y homogéneos para valorar y atender a las personas dependientes, así como para supervisar y evaluar la calidad de los servicios. Algunas propuestas para mejorar la calidad y la equidad de los servicios son: unificar los baremos y los procedimientos de valoración de la dependencia, ampliar y diversificar la oferta de servicios y prestaciones, reforzar el control y la inspección de los centros y entidades que prestan los servicios, o impulsar la atención domiciliaria y comunitaria.
  • Potenciar el papel de los cuidadores: se trata de reconocer y apoyar la labor fundamental que realizan los cuidadores, tanto profesionales como familiares, de las personas dependientes, mejorando sus condiciones laborales, sociales y personales. Para ello, es necesario promover la profesionalización, la formación y la cualificación de los cuidadores, así como facilitar su acceso a recursos y servicios que les ayuden a conciliar su vida laboral y familiar, a cuidar su salud física y mental, y a prevenir el Síndrome del Cuidador. Algunas propuestas para potenciar el papel de los cuidadores son: regular el estatuto jurídico y laboral de los cuidadores profesionales, mejorar sus salarios y sus derechos sociales, crear redes de apoyo e intercambio entre los cuidadores familiares, ofrecer respiro familiar o atención psicológica a los cuidadores, o fomentar el autocuidado y la autoestima de los cuidadores.
  • Fomentar la participación social de las personas dependientes: se trata de promover la integración social y la ciudadanía activa de las personas dependientes, respetando su dignidad, su autonomía y su diversidad. Para ello, es necesario eliminar las barreras físicas, sociales o culturales que dificultan el acceso y el disfrute de las personas dependientes a los recursos y servicios públicos, así como favorecer su implicación y su voz en las decisiones que les afectan. Algunas propuestas para fomentar la participación social de las personas dependientes son: garantizar la accesibilidad universal a los espacios públicos y privados, impulsar el ocio inclusivo y la cultura accesible para las personas dependientes, crear consejos o plataformas de participación ciudadana de las personas dependientes o sus representantes, o sensibilizar a la sociedad sobre el valor y el respeto a las personas dependientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dependencia es una situación en la que se encuentran las personas que precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o para su autonomía personal. La Dependencia afecta a una parte importante de la población española, especialmente a las personas mayores. La Dependencia tiene un impacto social y económico considerable, tanto para las personas dependientes como para sus familias y cuidadores, así como para el sistema sanitario y social.

Por ello, es necesario garantizar el derecho a la promoción de la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia, tal y como reconoce la Ley 39/2006. Sin embargo, el desarrollo y aplicación de esta Ley ha sido desigual e insuficiente en las distintas Comunidades Autónomas, debido a factores como la falta de financiación suficiente por parte del Estado, la diversidad de criterios y procedimientos para valorar y atender a las personas dependientes, o la escasez y precariedad de los recursos y servicios disponibles.

Por todo ello, es importante que se impulse un Pacto de Estado que permita abordar los retos actuales y futuros del sistema de atención a la dependencia, garantizando su sostenibilidad, calidad y equidad en todo el territorio nacional. Un Pacto de Estado por la Dependencia es un acuerdo político y social que busca consensuar las medidas necesarias para mejorar el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, contando con la participación y el compromiso de todos los actores implicados: Gobierno central, Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales, organizaciones del tercer sector y representantes de las personas dependientes y sus familias.

NECESIDAD DE PACTO DE ESTADO DONDE ESTÉ LA DEPENDENCIA